La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para reclamar justicia por la muerte de Nancy Estela Godoy, de 52 años, quien se desempeñaba como directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.
La docente había desaparecido el 7 de octubre y su cuerpo fue encontrado el miércoles 28, luego de más de tres semanas de búsqueda. Según la información difundida durante esas jornadas, la investigación judicial avanzaba con cinco detenidos.
El caso generó conmoción y abrió interrogantes sobre las condiciones en las que Godoy desarrollaba su trabajo, especialmente por las características de la escuela rural y los reclamos que habría efectuado ante distintas situaciones que afectaban a la institución.
Entre los antecedentes mencionados en las informaciones periodísticas figuran advertencias de la docente sobre el deterioro edilicio de la escuela, la falta de insumos y presuntas irregularidades vinculadas con la conducción del establecimiento.
También habría presentado un reclamo formal por la falta de controles de supervisión.
A las dificultades institucionales se sumaban las condiciones de acceso: para llegar a la escuela debía recorrer varias horas a caballo, en una zona rural de difícil acceso y con problemas de infraestructura.
Estos elementos forman parte del contexto que los gremios docentes ponen en discusión al reclamar que se investiguen las condiciones laborales y la protección con la que contaba la trabajadora.
Sin embargo, hasta el momento no está confirmado que el crimen haya sido consecuencia de su actividad docente ni que las denuncias presentadas hayan sido el motivo del asesinato. Entre las líneas investigativas difundidas también se mencionó la hipótesis de un posible ataque sexual. El móvil deberá ser establecido por la Justicia.
La convocatoria de CTERA plantea dos ejes centrales: el reclamo de justicia por el crimen y la exigencia de investigar las circunstancias en las que la docente desempeñaba sus funciones.
A su vez, la medida busca visibilizar la situación de los trabajadores de la educación que desarrollan sus tareas en condiciones de vulnerabilidad, particularmente en establecimientos rurales alejados, donde los traslados pueden comenzar antes del amanecer y depender de medios de transporte propios o de la ayuda de terceros.
Durante el informe de RH1 también se señaló que estas dificultades no son ajenas a Córdoba. Aunque muchas escuelas rurales han desaparecido o se han reorganizado a lo largo del tiempo, las distancias y los problemas de acceso fueron durante años parte de la realidad cotidiana de docentes que debían recorrer caminos rurales para llegar a sus lugares de trabajo.
El paro, además, se inscribe en un contexto de preocupación por la violencia contra las mujeres y los femicidios, una problemática que vuelve a ocupar el centro de la agenda pública a partir de este caso.
El nivel de acatamiento registrado en las escuelas oficiales de Hernando refleja una importante participación de los docentes en la medida nacional, pese al descuento salarial que puede implicar la jornada no trabajada.
Con un 81% de adhesión en el turno mañana y una previsión del 94% para el turno tarde, el paro tiene una incidencia significativa en la actividad escolar de la ciudad.
Mientras la investigación judicial continúa para determinar qué ocurrió con Nancy Estela Godoy y cuáles fueron las circunstancias de su muerte, la protesta docente pone el foco en la necesidad de esclarecer el crimen, garantizar justicia y revisar las condiciones de seguridad en las que numerosos trabajadores de la educación desarrollan sus tareas.




