Uno de los puntos centrales del análisis es la incidencia del artículo 58 de la Carta Orgánica Municipal, que establece que si el presupuesto no es aprobado o rechazado dentro de los 60 días desde su presentación, queda sancionado automáticamente tal como fue presentado por el Ejecutivo.
A su vez, la normativa local exige dos tercios de los votos del Concejo Deliberante para aprobar el presupuesto, algo poco habitual en el país. En un cuerpo integrado por siete concejales, esto implica la necesidad de cinco votos, por lo que el oficialismo necesita al menos un voto de la oposición para aprobarlo.
Esta combinación de normas genera una situación particular: si no hay acuerdo político para alcanzar los dos tercios, el presupuesto puede terminar aprobándose automáticamente por el paso del tiempo bajo el amparo del artículo 58.
Durante 2025, desde la oposición se había planteado la necesidad de modificar la Carta Orgánica Municipal para que el presupuesto pudiera aprobarse por mayoría simple, como ocurre en la mayoría de las ciudades del país.
El objetivo de esa propuesta era garantizar el debate legislativo, con primera lectura, audiencia pública y segunda lectura, permitiendo la participación de los vecinos en la discusión del cálculo de recursos y gastos.
Sin embargo, la iniciativa no fue aceptada por el oficialismo, que argumentó que cualquier modificación de la Carta Orgánica debía abordarse de manera más integral.
El presupuesto finalmente aprobado incluyó importantes incrementos en distintas tasas municipales, con aumentos que, según se informó durante el tratamiento, oscilaron entre el 100 % y el 209 %, dependiendo del tributo.
Esto generó fuertes cuestionamientos desde la oposición, que consideró excesivo el incremento en un contexto de inflación de dos dígitos durante 2025.
No obstante, también se señaló que en años anteriores los aumentos municipales habían estado por debajo de la inflación, lo que desde el Ejecutivo se utilizó como argumento para justificar la actualización de valores.
Los reclamos de los vecinos comenzaron a hacerse más visibles en las últimas semanas debido a que las nuevas tasas comienzan a regir a partir de marzo, momento en el que los contribuyentes empiezan a recibir las boletas con los valores actualizados.
En ese contexto, se advirtió que el debate sobre el presupuesto se desarrolló entre octubre y diciembre del año pasado, período en el que se realizaron sesiones del Concejo, publicaciones en medios y pronunciamientos de la oposición.
En el análisis también se planteó que el tratamiento del presupuesto fue público y que los vecinos podían haber seguido el proceso o acercarse al Concejo Deliberante, aunque finalmente no se registró participación ciudadana durante ese período.
Por ese motivo se remarcó la importancia de que la comunidad se involucre más activamente en los momentos en que se discuten estas decisiones, ya que una vez aprobado el presupuesto no existen mecanismos simples para revertirlo.
De esta manera, el debate sobre el Presupuesto Municipal 2026 y el aumento de tasas vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre los mecanismos de aprobación establecidos en la Carta Orgánica y la necesidad de generar instancias de debate y participación ciudadana en la definición de las políticas públicas locales.




