EL 3 DE NOVIEMBRE DE 1995: UNA MAÑANA QUE CAMBIÓ LA HISTORIA

La primera explosión se produjo a las 8.55 de la mañana. Le siguieron otras dos detonaciones, siendo la tercera la de mayor magnitud, en el depósito de expedición y suministros.

Las detonaciones provocaron que miles de proyectiles y municiones fueran expulsados hacia distintos sectores de la ciudad. Los barrios Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino estuvieron entre los más afectados.

Las imágenes de aquella jornada mostraron viviendas destruidas, automóviles alcanzados por proyectiles, vidrios estallados y vecinos buscando refugio mientras continuaban las detonaciones.

La magnitud del desastre obligó a una evacuación masiva. Muchas familias abandonaron sus casas sin saber si podrían regresar y otras encontraron sus propiedades destruidas.

El saldo humano fue de siete víctimas fatales y más de 300 heridos.

EL 24 DE NOVIEMBRE: UNA SEGUNDA JORNADA DE EXPLOSIONES

La tragedia no terminó aquel 3 de noviembre.

El 24 de noviembre de 1995 se produjeron nuevos hechos de naturaleza similar en la Fábrica Militar, que también ocasionaron daños materiales y dieron lugar a reclamos de damnificados.

Este segundo episodio fue incorporado al marco normativo de reparación mediante el Decreto 992/95, que amplió las previsiones indemnizatorias para los daños ocasionados a los bienes.

Ambas fechas quedaron comprendidas en las posteriores disposiciones legales destinadas a reconocer los perjuicios sufridos por los habitantes de Río Tercero.

DE ACCIDENTE A ATENTADO: QUÉ DETERMINÓ LA INVESTIGACIÓN

Durante las primeras horas posteriores a las explosiones, la explicación oficial apuntó a un accidente.

El entonces presidente Carlos Saúl Menem visitó Río Tercero el mismo día y sostuvo públicamente esa hipótesis.

Sin embargo, el avance de la investigación judicial permitió reconstruir otra historia.

La hipótesis que finalmente quedó acreditada fue que las explosiones habían sido provocadas deliberadamente para eliminar pruebas de un faltante de armamento de Fabricaciones Militares.

Ese material estaba relacionado con las operaciones de venta ilegal de armas argentinas a Croacia y Ecuador, realizadas durante el gobierno de Menem.

Las pericias y los testimonios incorporados a la causa permitieron establecer que personas con conocimientos específicos ingresaron a las instalaciones durante la noche anterior para preparar los elementos necesarios para provocar las detonaciones.

También se investigó la direccionalidad de las explosiones y las diferencias detectadas entre los registros de municiones y el material efectivamente existente.

Una pericia contable determinó faltantes que, según los inventarios analizados, se ubicaban entre aproximadamente 24.000 y 49.000 municiones.

La investigación concluyó que la voladura de la fábrica buscó borrar rastros de aquella operación ilegal.

LAS CONDENAS: QUIÉNES FUERON RESPONSABILIZADOS

En diciembre de 2014, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba dictó sentencia contra cuatro exintegrantes de la estructura directiva de Fabricaciones Militares.

Las condenas fueron por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas.

Los sentenciados fueron:

• Jorge Antonio Cornejo Torino: director de la Fábrica Militar de Río Tercero. Condenado a 13 años de prisión.

• Carlos Franke: director de Producción de Fabricaciones Militares. Condenado a 13 años.

• Edberto González de la Vega: director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares. Condenado a 13 años.

• Marcelo Gatto: jefe de la División Producción Mecánica. Condenado a 10 años.

En mayo de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas al rechazar los recursos presentados por las defensas.

De esta manera, quedó consolidada judicialmente la conclusión de que las explosiones fueron intencionales y estuvieron vinculadas con el intento de ocultar el contrabando de armas.

¿QUÉ PASÓ CON CARLOS MENEM?

La responsabilidad política del entonces presidente fue uno de los capítulos más discutidos de la causa.

Menem había sido procesado y debía afrontar un juicio oral por su presunta responsabilidad en la voladura de la Fábrica Militar.

El debate oral estaba previsto para comenzar el 24 de febrero de 2021. Sin embargo, el expresidente falleció el 14 de febrero de ese año, a los 90 años, por lo que el juicio no llegó a realizarse.

Por ese motivo, no hubo una sentencia penal que determinara su responsabilidad individual en las explosiones.

Es importante establecer esta diferencia: la Justicia confirmó que se trató de un atentado destinado a encubrir el contrabando de armas y condenó a cuatro exfuncionarios militares, pero no pudo realizarse el juicio que debía establecer la eventual responsabilidad penal de Menem.

LAS INDEMNIZACIONES: UNA REPARACIÓN QUE DEMORÓ DÉCADAS

La reparación económica a las víctimas fue otro de los capítulos atravesados por demoras y controversias.

En 2015, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.179, que estableció el derecho a percibir indemnizaciones para las personas que, al momento de entrar en vigencia la norma, tenían reclamos judiciales por los daños ocasionados el 3 y el 24 de noviembre de 1995.

La legislación contempló distintos conceptos, entre ellos fallecimientos, lesiones, daños materiales y perjuicios inmateriales.

Sin embargo, la implementación del régimen no consiguió resolver rápidamente la situación de los damnificados.

En noviembre de 2023 se dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 596/2023, que estableció un nuevo mecanismo de compensación monetaria para quienes se habían adherido a la Ley 27.179.

El decreto fijó módulos indemnizatorios diferenciados:

• Muerte: 1.000 módulos.

• Lesiones gravísimas: 700 módulos.

• Lesiones graves: 600 módulos.

• Daño moral: 100 módulos.

• Daño material: 95 módulos.

También estableció que, para acceder al cobro, los beneficiarios debían renunciar a los procesos administrativos y judiciales en trámite vinculados con esos reclamos.

En octubre de 2024 se produjo un avance importante: representantes del Estado nacional y de los damnificados alcanzaron un acuerdo en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba para destrabar distintos aspectos que impedían avanzar con los pagos.

En aquel momento se hablaba de alrededor de 10.000 damnificados y de una reparación que, según las estimaciones difundidas, rondaba los 8,5 millones de pesos en bonos por beneficiario, con diferencias según los conceptos reconocidos.

El acuerdo fue presentado como un paso fundamental para cerrar causas que llevaban casi tres décadas sin una resolución definitiva.

No obstante, la cuestión de las indemnizaciones no agota el reclamo de reparación de la comunidad. En el marco del nuevo aniversario, también volvieron a plantearse deudas vinculadas con el reconocimiento del daño moral, las consecuencias sociales y el impacto histórico de lo sucedido.

LA REPARACIÓN HISTÓRICA: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO TERCERO

Uno de los reclamos históricos de la ciudad fue que la reparación no quedara limitada a una compensación económica individual.

En ese contexto se impulsó la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, entendida como una herramienta de desarrollo educativo, social y productivo.

La iniciativa se convirtió en realidad con la sanción de la Ley 27.730, el 28 de septiembre de 2023, que creó formalmente la Universidad Nacional de Río Tercero.

La propia institución reconoce en su historia fundacional el vínculo entre su creación y la necesidad de una reparación histórica para una ciudad profundamente afectada por el accionar del Estado.

La educación aparece así como una apuesta hacia el futuro: una forma de transformar una tragedia en una oportunidad de desarrollo para las nuevas generaciones.

UNA FÁBRICA, UNA CIUDAD Y UNA DEUDA CON LA MEMORIA

Las explosiones de Río Tercero no pueden analizarse solamente desde el punto de vista judicial.

También representan una tragedia social que atravesó generaciones. Hubo familias que perdieron seres queridos, vecinos que sufrieron lesiones físicas y psicológicas, comerciantes que vieron destruidos sus negocios y personas que durante años convivieron con las consecuencias de aquella mañana.

La memoria de lo ocurrido se sostiene a través de los actos conmemorativos, los testimonios de sobrevivientes, las investigaciones periodísticas, las actividades educativas y los espacios públicos destinados a recordar a las víctimas.

Este año, Río Tercero vuelve a convocar a su comunidad en el marco del festival Celebración y Memoria, con conversatorios, muestras, plantación de árboles nativos y propuestas culturales y educativas.

Los actos centrales están previstos en el Paseo del Milagro, con un homenaje a las siete personas fallecidas.

31 AÑOS DESPUÉS: MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

A más de tres décadas de aquel 3 de noviembre, hay certezas que ya no están en discusión: las explosiones fueron intencionales, tuvieron como objetivo encubrir el faltante de armamento vinculado con el contrabando internacional y provocaron una tragedia humana y material de enormes dimensiones.

También hubo condenas judiciales, normas de reparación y avances institucionales como la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero.

Pero el tiempo transcurrido no borra las preguntas ni las consecuencias.

La historia de Río Tercero es también una advertencia sobre las responsabilidades del Estado, la necesidad de controles sobre las instituciones públicas y el valor de la verdad frente a los intentos de ocultamiento.

Aquel 3 de noviembre de 1995, la ciudad fue sacudida por explosiones que se escucharon mucho más allá de sus límites.

Treinta y un años después, el reclamo sigue siendo que ninguna de esas vidas, ningún daño y ninguna responsabilidad queden sepultados bajo el paso del tiempo.