Galoppo calificó la situación actual como un "estado de descuido o de abandono" y solicitó el cese de las dilaciones que afectan la salud y la vida de los beneficiarios. Durante la reunión, el funcionario nacional reconoció las falencias en el sistema de gestión de casos, prestaciones, provisión de insumos y en los pagos, que —según expresó— se encuentran en proceso de regularización.

En este marco, uno de los principales reclamos estuvo vinculado a la demora en la entrega de medicamentos de alto costo —tanto oncológicos como los destinados a enfermedades poco frecuentes— y a las dificultades en la gestión de estos tratamientos. Ante este planteo, Vilches sostuvo que: “es cierto que tuvieron un período de atraso producto de un montón de cuestiones vinculadas a la auditoría iniciada y procedimientos que no se realizaban correctamente; y eso es todo responsabilidad nuestra”.

Carlos Galoppo fue determinante al señalar el impacto de estas demoras en la vida cotidiana de las personas: "Esa palabra 'demora' me hace percibir a un discapacitado esperando algo: una silla, un tratamiento o un remedio... Pido que podamos hacer más rápido el proceso para que ese paciente no quede atrapado entre la burocracia del Estado y el dolor de la familia".

Otro de los puntos abordados fue el funcionamiento del programa “Incluir Salud”. La Defensoría del Pueblo gestiona a diario consultas relacionadas a la tardanza de  autorizaciones en materia de prestaciones médicas (medicamentos o insumos) o prestaciones de rehabilitación (en centros de rehabilitación o centros de día); en algunos casos las demoras llegan a un año. Consultado sobre esta situación, el Secretario Nacional comentó que se deben a la disolución de la (Agencia Nacional de Discapacidad) y la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad, lo que generó una nueva forma de administración dependiente del Ministerio de Salud y cambios en los procedimientos. Agregó también que parte de los extensos plazos en las autorizaciones se vinculan con la falta de información médica o estudios complementarios en los expedientes remitidos por las provincias. 

En relación con otras problemáticas planteadas, Carlos Galoppo expuso la falta de insumos esenciales, como prótesis y sillas de ruedas. Al respecto, Vilches explicó que esta situación se ve afectada por procesos licitatorios que, en muchos casos, quedan desiertos debido a la falta de oferentes o a la complejidad técnica de los requerimientos. 

En el plano administrativo, el Secretario Nacional de Discapacidad reconoció tardanzas operativas derivadas de un proceso de auditoría integral iniciado al comienzo de su gestión, orientado a revisar procedimientos y detectar posibles irregularidades. No obstante, aseguró que los pagos a prestadores —como centros de día y de rehabilitación— correspondientes al último trimestre del año pasado se encuentran en proceso de normalización.

Además, desde la Defensoría del Pueblo se transmitió la preocupación de numerosas personas ante la suspensión masiva de pensiones en 2025. En este sentido, Vilches afirmó: "Nadie va a perder una pensión si no está correctamente analizado cada caso". En el marco legal, el Defensor Adjunto también advirtió que la falta de respuestas está empujando a la gente a presentar amparos de forma masiva ante la desesperación por tratamientos oncológicos y de enfermedades poco frecuentes. Sobre esto, desde Discapacidad expresaron que los amparos retrasan aún más los trámites y que entran en un proceso más extenso aún por la burocratización del amparo en sí. 

La falta de información y comunicación constituyen un problema central: las personas no reciben correctamente notificaciones de gran importancia debido a datos incorrectos,  domicilios desactualizados, calles públicas o parajes difíciles de encontrar. Frente a esto el Secretario de Discapacidad explicó que para evitar este tipo de problemas van a implementar el correo electrónico donde los beneficiarios recibirán notificaciones. 

En relación con los convenios y la modernización de los procesos, las autoridades nacionales plantearon la necesidad de avanzar en la digitalización de los acuerdos con instituciones prestadoras, muchos de los cuales tienen más de 20 años de antigüedad, se encuentran vencidos o en formato papel, lo que dificulta la actualización de cupos y prestaciones.

Galoppo cerró el encuentro advirtiendo que la Defensoría no será un espectador pasivo: "Lo hago porque creo que es una necesidad urgente tratar de resolver este estado de descuido". Por su parte, Vilches prometió normalizar los pagos y la entrega de medicamentos en el próximo mes, aunque reconoció que el proceso en el Estado es "lamentablemente lento".

El Defensor del Pueblo reunió a instituciones y familias para abordar la situación de la discapacidad en Córdoba

Debido a la emergencia en discapacidad que causa demoras en prestaciones, pagos y autorizaciones de tratamientos, se realizó una mesa de trabajo con referentes institucionales y particulares para escuchar sus problemáticas y avanzar en las gestiones necesarias.

En un contexto marcado por el agravamiento de las condiciones del sistema de prestaciones, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba llevó adelante una mesa de trabajo con instituciones, profesionales, prestadores y familias vinculadas al ámbito de la discapacidad, con el objetivo de escuchar las principales problemáticas y avanzar en posibles líneas de acción.

El encuentro fue encabezado por el Defensor del Pueblo Adjunto, Carlos Galoppo, junto a la Secretaria General, Constanza Monayar, y el equipo del Área de Inclusión Social de la Defensoría. A ellos se sumaron referentes de distintas organizaciones e instituciones del sector, entre ellos Martín Passini y Emilse Osan de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos; Carolina Armeloni (Presidenta), Virginia Els (Secretaria) y Hugo Gerbaldo de CAPREDIS (Cámara de Prestadores de Discapacidad); Andrea Cañas (Presidenta) de la Fundación Familia CEA; Sylvia Andrada, Marcela Rosado, Rita Seffino, Cecilia Rigo, Adriana Griguol y Cristina Gentili de la Federación Converger; y Myrna Álvarez, Patricia Giussani y Julia Dominguez, de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI). 

Mesa de trabajo: la Defensoría del Pueblo recibió a instituciones y particulares para escuchar sus problemáticas en discapacidad.

En el desarrollo del encuentro, Galoppo remarcó que desde el inicio de la gestión uno de los ejes centrales ha sido el trabajo cercano con los sectores más vulnerables. En ese sentido, señaló que “uno de los principales objetivos fue acercarnos y estar presentes” y destacó que la Defensoría “no tiene una actitud administrativa de estar sentados en un escritorio, sino que trabaja cerca de la gente”.

Distintos actores expusieron la compleja situación que atraviesan las personas con discapacidad, marcada por demoras en pagos a prestadores, retrasos en altas de prestaciones, dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos, y procesos administrativos que pueden extenderse hasta un año. También se planteó la preocupación por la continuidad de las prestaciones, en un escenario que, algunas instituciones, calificaron como el “más crítico de los últimos años".

En ese marco, el Defensor Adjunto advirtió que “el Estado nacional ha desfinanciado totalmente áreas como salud y discapacidad”, lo que impacta directamente en la calidad de vida de las personas y en el sostenimiento de las instituciones. Asimismo, sostuvo que la Defensoría asumió un rol activo como intermediaria ante una fuerte demanda social en áreas como salud, educación, transporte y trabajo, “nos convertimos en mediadores entre la gente y el Estado”.

Galoppo reafirmó que, si bien el organismo no cuenta con recursos económicos directos, -“no tenemos subsidios ni dinero, pero sí tenemos mucha gestión”-, nuestro compromiso es acompañar los reclamos del sector. “Lo más importante es no ser indiferente al dolor que están padeciendo”, expresó.

La reunión permitió, además, poner en común la necesidad de generar mecanismos más ágiles de respuesta y evitar la judicialización de los casos, promoviendo instancias de gestión directa que permitan canalizar las demandas de manera más eficiente.

Finalmente, Galoppo reafirmó el compromiso institucional de seguir trabajando junto a las áreas de inclusión social y salud para acompañar a las familias y organizaciones: “aunque sea lo más mínimo que podamos ayudar, para nosotros y para las personas afectadas va a ser muy valioso”.

Este espacio forma parte de una línea de trabajo que busca fortalecer la articulación con los distintos actores y dar respuesta a una problemática que, en el actual contexto, presenta un creciente nivel de complejidad.