Una de las ordenanzas establece el alcance de las funciones de la Asesoría Letrada Municipal, en el marco del artículo 72 de la Carta Orgánica de Hernando.
La normativa determina que el asesor letrado ejerce la representación y el patrocinio judicial de la Municipalidad por cuenta del intendente, en las causas judiciales, administrativas y de mediación en las que el municipio sea parte o tenga algún interés.
Entre sus atribuciones se encuentran promover demandas, contestarlas, presentar pruebas, interponer recursos y solicitar medidas cautelares, además de realizar los actos procesales necesarios para defender los intereses municipales.
Uno de los aspectos centrales es la forma de acreditar la representación ante los tribunales. Según el proyecto, la persona que ejerce la Asesoría Letrada podrá hacerlo mediante una copia certificada del acto de designación y de la ordenanza, sin necesidad de presentar un poder adicional.
La normativa también establece límites: determinadas decisiones, como conciliar, transigir, desistir de derechos, reconocer obligaciones o percibir sumas de dinero, requerirán autorización expresa del Departamento Ejecutivo mediante decreto para cada caso.
Además, contempla la posibilidad de que el Ejecutivo encomiende causas determinadas a otros abogados mediante un decreto fundado y establece la obligación de informar semestralmente sobre el estado de los expedientes judiciales.
La ordenanza incluye, asimismo, la ratificación de las actuaciones judiciales y administrativas realizadas por la asesora letrada Verónica Ester Ferroni desde su designación, de acuerdo con las condiciones previstas en el texto.
Vassallo explicó que la reglamentación apunta a ordenar y facilitar la representación jurídica del municipio, estableciendo criterios que puedan mantenerse independientemente de quién ocupe el cargo.
Otro de los proyectos aprobados dispone la desafectación del dominio privado municipal y la incorporación al dominio público de una fracción de terreno destinada a dar continuidad a la traza de calle Saavedra Sud.
La superficie involucrada es de 2.134,08 metros cuadrados, correspondiente a un polígono identificado técnicamente como 1–A1–C2–2–1.
La medida busca regularizar la situación jurídica y dominial del espacio para que pueda incorporarse formalmente al uso público y completar los trámites administrativos y registrales correspondientes ante la Dirección General de Catastro y el Registro General de la Provincia.
El asunto se relaciona con una operación anterior que involucró un terreno municipal y el sistema general de cloacas de calle Venezuela. Según explicó Vassallo, la regularización era necesaria para avanzar con la escrituración, la subdivisión y la protocolización de los planos.
Durante el tratamiento también se consultó por el avance de las tareas vinculadas con la apertura de la calle, incluida la remoción de árboles y la relocalización del refugio de animales.
De acuerdo con lo señalado por el presidente del Concejo, ya se estaba trabajando en esas cuestiones.
El tercer asunto está relacionado con el Convenio de Monotributo Unificado Córdoba, suscripto el 15 de octubre de 2026 entre la Municipalidad de Hernando y el Gobierno provincial.
El acuerdo establece mecanismos de coordinación para la liquidación y recaudación de la contribución municipal que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios de los pequeños contribuyentes incorporados al régimen simplificado.
El proyecto contempla la derogación de la Ordenanza 51/26 y una nueva aprobación del convenio, con el objetivo de regularizar su tratamiento mediante el procedimiento legislativo de doble lectura.
Entre los puntos centrales figuran los siguientes:
Importes mensuales por categoría: el texto fija montos para las categorías A a K del régimen simplificado, desde $8.410 para la categoría A hasta $55.420 para la categoría K.
Actualización de valores: los importes podrán actualizarse conforme a los mecanismos establecidos por la normativa nacional para el Monotributo, siguiendo los criterios aplicados por la Provincia.
Gestión de deudas: la Dirección General de Rentas de Córdoba podrá intervenir en la gestión administrativa de cobro de deudas municipales en mora comprendidas en el convenio.
Continuidad de las acciones judiciales: una vez agotada la instancia administrativa provincial, el organismo fiscal municipal continuará con las acciones judiciales que correspondan.
El convenio también prevé mecanismos para mejorar los tiempos de recaudación y coordinar la administración tributaria entre ambas jurisdicciones.
Vassallo explicó que el acuerdo mantiene las condiciones generales del convenio que funcionaba desde 2023, pero requiere completar el procedimiento legislativo correspondiente.
Por ese motivo, se acordó avanzar con una primera lectura, convocar a una audiencia pública y realizar posteriormente una segunda lectura, prevista para el miércoles siguiente.
La cuarta iniciativa corresponde a una rectificación del Presupuesto Municipal 2026. El objetivo es adecuar las partidas de ingresos y gastos para continuar ejecutando el presupuesto durante los meses restantes del ejercicio.
El proyecto señala que existen partidas de gastos corrientes y de capital con créditos disponibles que no se utilizarán en su totalidad, mientras que determinados ingresos superaron las estimaciones originales.
La rectificación contempla incrementos y disminuciones en distintas partidas, con el propósito de adecuar las previsiones presupuestarias a la ejecución registrada.
De acuerdo con el proyecto de ordenanza, las cifras quedan establecidas de la siguiente manera:
Presupuesto anterior: $13.574.185.000.
Incremento de recursos: $915.000.000.
Incremento de las erogaciones: $915.000.000.
Presupuesto rectificado: $14.489.185.000.
La modificación contempla, entre otros conceptos, mayores ingresos vinculados con contribuciones de ejercicios anteriores, subsidios, operaciones con instituciones bancarias y venta de bienes inmuebles.
En cuanto a las erogaciones, el cuadro presupuestario incluye refuerzos de partidas y modificaciones en distintos rubros, entre ellos transferencias a organismos provinciales, adquisición de maquinaria y equipamiento para servicios públicos y obras municipales.
Entre las partidas que registran disminuciones aparecen las destinadas a la adquisición de maquinaria y equipamiento para servicios públicos, la ampliación y refacción del Palacio Municipal, el sendero interpretativo de flora y fauna autóctona, el mantenimiento y renovación de plazas y parques, la red de agua potable, el alumbrado público y las garitas de espera para colectivos.
Estas disminuciones forman parte de la redistribución de créditos prevista en el proyecto y no deben interpretarse, por sí solas, como una cancelación definitiva de esas obras o actividades.
Vassallo explicó que la rectificación responde a la necesidad de reflejar mayores ingresos y reordenar partidas para sostener la ejecución presupuestaria. La modificación mantiene equilibrados los montos totales de recursos y erogaciones.



