Laura Castellano, de FLIA, explicó que los profesionales de la salud que trabajan bajo la Ley 24.901 perciben sus honorarios a través de un fondo solidario de redistribución que se constituye mediante aportes de trabajadores y empleadores.

En este contexto, señaló que actualmente existe incertidumbre respecto de los tiempos de pago. Según explicó, junio fue el último mes cobrado de manera general y los profesionales deben esperar que ARCA complete las recaudaciones para que posteriormente puedan concretarse los pagos.

Castellano indicó que la situación económica también repercute sobre la recaudación y que esto genera mayores dudas respecto de cuándo podrán cobrar los profesionales.

“Tenemos la incertidumbre”, señaló, al explicar que los tiempos de pago ya venían registrando demoras y que ahora se suma una nueva complicación relacionada con la recaudación.

Para la referente de FLIA, el escenario continúa siendo crítico.

“El panorama sigue siendo de emergencia”, sostuvo.

Castellano consideró además necesario que la problemática continúe siendo abordada en el Congreso de la Nación y destacó el trabajo que realizan profesionales y colegas vinculados con la discusión legislativa.

En ese sentido, sostuvo que ese ámbito es fundamental para definir el futuro de las personas que necesitan acceder a sistemas de salud y prestaciones de manera prolongada.

CAROLINA GASTAUDO: LOS VALORES NO REFLEJAN LOS COSTOS REALES

Desde el CINED, Carolina Gastaudo describió una problemática que tiene como uno de sus principales componentes la pérdida del valor real de las prestaciones.

Según explicó, profesionales e instituciones continúan recibiendo valores que no reflejan los costos necesarios para sostener el funcionamiento cotidiano.

Entre esos gastos mencionó los honorarios profesionales, servicios, impuestos, matrículas y seguros de mala praxis, además de otros costos que deben afrontar las instituciones.

A esta situación se agregan las demoras en los pagos y la incertidumbre respecto de cuándo y cuánto se cobrará por el trabajo realizado.

Pero Gastaudo remarcó que la situación no debe ser entendida solamente como un problema económico de los prestadores.

“No es solamente un problema de los prestadores y de las instituciones”, señaló.

La referente del CINED advirtió que, si el sistema no puede sostener económicamente a sus profesionales e instituciones, lo que está en riesgo es la continuidad y la calidad de los tratamientos que reciben las personas con discapacidad.

Desde la institución que representa, aseguró que continúan trabajando y sosteniendo las prestaciones, aunque planteó la necesidad de que se reconozca el valor real del trabajo y que los pagos sean adecuados y se realicen en tiempo y forma.

LA LEY DE DISCAPACIDAD Y LA INCERTIDUMBRE HACIA 2027

Gastaudo también se refirió a la ley de discapacidad que fue sancionada por el Congreso durante 2025 y publicada en septiembre de ese año.

Según explicó, su implementación quedó suspendida fundamentalmente por la discusión relacionada con el financiamiento.

“Durante este tiempo seguimos en emergencia con discapacidad”, sostuvo.

La referente del CINED explicó que durante 2026 los valores tuvieron aumentos mensuales de acuerdo con el IPC. En algunos meses, esos incrementos estuvieron alrededor del 2%, aunque señaló que los pagos ya venían registrando demoras.

Ahora, el sector permanece a la espera de definiciones sobre lo que ocurrirá durante 2027 y de un nuevo debate que, según indicó, podría darse durante octubre.

EL INFORME DE LA DEFENSORÍA: UN SISTEMA EN CRISIS

El informe de la Defensoría del Pueblo de Córdoba permite ampliar el panorama y poner cifras a parte de las dificultades que atraviesa el sistema.

El organismo elaboró el trabajo “Crisis del Sistema de Prestaciones y Apoyos para Personas con Discapacidad en Córdoba”, a partir de entrevistas y grupos focales con personas con discapacidad, familiares, instituciones, profesionales y transportistas.

El relevamiento analiza la situación desde diciembre de 2023 y advierte sobre un deterioro que afecta tanto la sostenibilidad de quienes brindan las prestaciones como el acceso a derechos de las personas con discapacidad.

Uno de los datos incluidos en el informe señala que más de 400.000 personas en Córdoba viven con limitaciones funcionales permanentes, mientras que 127.774 cuentan con un Certificado Único de Discapacidad vigente.

El organismo también identifica una importante diferencia entre la evolución de los aranceles y la inflación.

Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles oficiales de las prestaciones aumentaron en promedio un 225%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 336%.

La diferencia es de 111 puntos porcentuales.

EL TRANSPORTE TAMBIÉN QUEDA EN EL MEDIO

La situación alcanza también a quienes realizan el transporte de personas con discapacidad.

Según la Defensoría, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 el precio de la nafta súper aumentó un 559%, mientras que el valor reconocido por kilómetro tuvo una actualización del 231%.

En diciembre de 2023, el kilómetro establecido en el nomenclador era de $272,09, frente a un valor de $311 para la nafta súper.

Para agosto de 2026, el kilómetro había llegado a $900,01, mientras que el litro de combustible alcanzaba los $2.048.

El informe advierte que esta pérdida de rentabilidad llevó a algunos transportistas a retirarse del sistema.

PAGOS QUE SE DEMORAN MESES

Otro de los aspectos relevados por la Defensoría son las demoras en el pago de las prestaciones.

El organismo registra casos en los que profesionales e instituciones deben esperar varios meses para cobrar e incluso situaciones en las que las demoras llegan hasta un año.

Mientras tanto, las instituciones deben continuar afrontando salarios, impuestos, cargas sociales, servicios y otros gastos necesarios para mantener las prestaciones.

La consecuencia es una pérdida de liquidez que puede derivar en endeudamiento y poner en riesgo la sostenibilidad de los centros.

EL IMPACTO SOBRE LAS FAMILIAS

La crisis también repercute directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias.

El informe registra situaciones de recortes o interrupciones de tratamientos, dificultades para acceder al transporte y permanencia forzada en los hogares.

Ante las dificultades del sistema, algunas familias terminan afrontando con recursos propios el costo de terapias, movilidad y otros apoyos.

La Defensoría también advierte sobre el impacto de las tareas de cuidado, que recaen especialmente sobre las mujeres cuando las prestaciones se interrumpen o no están disponibles.

Las instituciones, a su vez, recurren a distintas estrategias para continuar funcionando, entre ellas el acceso a créditos, actividades para recaudar fondos y reducción de personal de apoyo.

NO ES SOLAMENTE UNA CRISIS ECONÓMICA

El diagnóstico de la Defensoría también identifica problemas administrativos que afectan el acceso a las prestaciones.

Entre ellos aparecen demoras en autorizaciones, dificultades para conseguir turnos con especialistas y juntas evaluadoras, escasez de apoyos escolares y problemas relacionados con la tramitación de Pensiones No Contributivas.

El organismo señala además que las distancias y las condiciones territoriales de la provincia pueden profundizar las dificultades para quienes viven en localidades del interior.

UN SISTEMA QUE SE SOSTIENE CON ESFUERZO

Las tres miradas permiten observar diferentes dimensiones de una misma problemática.

Castellano plantea la incertidumbre vinculada con el financiamiento y los tiempos de pago a los profesionales que trabajan bajo la Ley 24.901.

Gastaudo pone el foco en el desfasaje entre los valores que reciben profesionales e instituciones y los costos reales que deben afrontar, y advierte que la situación puede terminar afectando la continuidad y calidad de los tratamientos.

La Defensoría, por su parte, aporta un diagnóstico general de la crisis y datos que muestran la pérdida de valor de las prestaciones, las dificultades del transporte, las demoras en los pagos y el impacto sobre instituciones y familias.

El informe utiliza una imagen para describir la situación: una torre de Jenga a la que se le van retirando piezas.

El sistema continúa funcionando porque personas con discapacidad, familias, profesionales, instituciones y otros actores realizan esfuerzos para sostenerlo. Pero cada pieza que se pierde aumenta la fragilidad del conjunto.

En ese contexto, la discusión sobre el financiamiento, los valores de las prestaciones y los tiempos de pago deja de ser solamente una cuestión administrativa o económica.

Detrás de esos números está la posibilidad concreta de que una persona pueda continuar con su tratamiento, trasladarse hasta un centro de atención o acceder al apoyo que necesita.

Por eso, mientras profesionales e instituciones continúan sosteniendo las prestaciones, el reclamo central pasa por lograr un sistema que pueda garantizar previsibilidad y continuidad para quienes dependen de él.