El Concejo Deliberante de Hernando desarrolló este miércoles una sesión en la que se abordaron distintos proyectos vinculados con la capacitación, el funcionamiento municipal y la recuperación de costos derivados de emergencias viales.
Uno de los primeros momentos de la jornada estuvo protagonizado por directivos, docentes y alumnos del Instituto Pablo Pizzurno, quienes fueron recibidos por los concejales para presentar el Primer Congreso de Economía Circular y Desarrollo Sostenible, una propuesta educativa que tendrá lugar en Hernando el viernes 23 de octubre.
La delegación estuvo integrada por la directora del establecimiento, el representante legal, la vicedirectora, docentes y alumnos de sexto y séptimo año de las dos especialidades que ofrece la institución.
Durante la presentación se explicó el alcance de la iniciativa y la intención de abordar desde el ámbito educativo conceptos vinculados con el cuidado del ambiente, la economía circular y el desarrollo sostenible.
Según se destacó durante la sesión, se trata de una propuesta novedosa para la ciudad y con pocos antecedentes similares desde el punto de vista educativo en otros puntos de la provincia de Córdoba.
La iniciativa también fue presentada ante autoridades del Gobierno de Córdoba, incluyendo una visita a experiencias vinculadas con la economía sustentable y posteriormente reuniones en el Ministerio de Ambiente.
En esta primera edición, el Instituto Pizzurno prevé desarrollar la experiencia principalmente dentro de la institución, aunque con actividades abiertas a la comunidad, entre ellas charlas y una feria circular.
La intención es que, a partir del próximo año, la propuesta pueda ampliarse e involucrar a otros establecimientos educativos de la ciudad y la región.
El proyecto recibió el respaldo de los concejales de ambas bancadas y se anunció que el Primer Congreso de Economía Circular y Desarrollo Sostenible será declarado de interés municipal.
Posteriormente, el Concejo Deliberante trató un proyecto para crear el Programa Municipal de Becas de Capacitación y/o Perfeccionamiento.
La iniciativa establece un marco para incorporar personas mediante becas, principalmente a través de convocatorias realizadas por el municipio. En caso de que una convocatoria no resulte efectiva, la normativa contempla la posibilidad de realizar una incorporación directa, manteniendo el régimen de beca.
Uno de los puntos centrales es que la beca tendrá una duración determinada de seis meses, con posibilidad de una renovación por otros seis meses. Cumplido ese período, si la persona continúa vinculada con la Municipalidad, deberá hacerlo mediante alguna de las modalidades de contratación o categorías laborales correspondientes.
También se establece un ingreso que no podrá ser inferior a la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil, además de una serie de requisitos y condiciones que forman parte de la ordenanza.
Durante el tratamiento, la oposición solicitó un cuarto intermedio para analizar el proyecto y plantear modificaciones.
Según se explicó en la sesión, varios de los planteos realizados por la oposición fueron incorporados por el oficialismo y el Ejecutivo, con modificaciones, correcciones y eliminación de algunos puntos.
Tras un cuarto intermedio de aproximadamente tres minutos, el proyecto fue puesto nuevamente a consideración y aprobado por unanimidad.
El concejal Jorge Yamul, de Somos Hernando, consideró que se trata de un marco regulatorio que existe, con diferentes denominaciones, en numerosos municipios.
Si bien señaló que, desde su perspectiva, sería preferible avanzar directamente hacia contrataciones por tiempo determinado, sostuvo que la nueva normativa puede contribuir a ordenar situaciones existentes y establecer un marco legal para futuras incorporaciones.
El objetivo planteado es avanzar progresivamente en la regularización de situaciones que se vienen arrastrando desde hace años y establecer, hacia adelante, reglas claras para la utilización de la figura del becario.
Otro de los proyectos aprobados por unanimidad fue la creación del Régimen Municipal de Actuación Coordinada, Investigación Administrativa y Recupero de Costos en Emergencias Viales.
La nueva normativa apunta a establecer un procedimiento para aquellos casos en los que una emergencia vial sea consecuencia de una conducta negligente por parte de quien protagoniza el hecho y genere gastos para el municipio.
En esas situaciones, el municipio podrá iniciar las actuaciones correspondientes con el objetivo de recuperar los costos que haya demandado su intervención.
La normativa contempla la participación del Juzgado Administrativo de Faltas y establece mecanismos de coordinación cuando también interviene la Justicia ordinaria.
Uno de los puntos destacados durante el tratamiento fue que Bomberos Voluntarios queda excluido del régimen, debido a que su funcionamiento y regulación están contemplados por una legislación provincial propia.
También se estableció que, cuando intervenga la Justicia ordinaria por tratarse de un accidente con consecuencias graves o una situación que origine una investigación judicial, el Juzgado de Faltas deberá esperar la información correspondiente para continuar con las actuaciones administrativas que permitan eventualmente recuperar los costos municipales.
Durante el análisis del proyecto también se realizaron modificaciones a partir de observaciones formuladas por la oposición.
Entre ellas se revisaron aspectos vinculados con la intervención de profesionales de la salud. En el proyecto original se contemplaba que el médico dejara determinadas consideraciones relacionadas con las lesiones, pero se entendió que no correspondía asignarle al profesional médico una función vinculada con la determinación de responsabilidades en el accidente.
Esa tarea quedará sustentada en otros elementos de la investigación, como informes policiales, peritajes y demás actuaciones.
También se analizó la diferencia entre la infracción y la causa de una lesión. Como ejemplo se planteó el caso de un motociclista que circula sin casco: la falta de casco puede generar una multa por incumplimiento de la normativa, pero si la lesión sufrida no tuvo relación causal con esa infracción, no correspondería atribuirle el costo de esa lesión por ese motivo.
La ordenanza también contempla mecanismos de recupero ante compañías de seguros y obras sociales, una práctica que el municipio ya venía desarrollando en determinados casos.
El proyecto fue finalmente aprobado por unanimidad y resta ahora la promulgación por parte del Ejecutivo para que pueda comenzar a aplicarse.
Durante el debate, desde la oposición también se planteó la necesidad de evitar una sobrecarga de tareas sobre el Juzgado Administrativo de Faltas, teniendo en cuenta que actualmente el área cuenta con una estructura reducida.
Finalmente, otro de los temas incluidos en el orden del día fue el proyecto para realizar un reconocimiento institucional a María Eugenia Irauzusta, nacida en Hernando el 24 de diciembre de 1947 y reconocida como víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar argentina.
El proyecto fue presentado originalmente por iniciativa ciudadana y canalizado a través de las bancadas del Concejo Deliberante para que pudiera ser incorporado al tratamiento legislativo.
Sin embargo, debido a la extensión de la sesión y al horario avanzado, se decidió postergar su tratamiento para la próxima semana.
La iniciativa plantea reconocer institucionalmente a Irauzusta a partir de los antecedentes judiciales vinculados con su muerte durante la última dictadura.
De acuerdo con lo expresado durante la sesión, la intención es que el reconocimiento no esté orientado a reivindicar su eventual actuación política, sino a reconocer su condición de víctima del terrorismo de Estado, tal como surge de los antecedentes judiciales mencionados durante el debate.
El proyecto deberá ser analizado nuevamente por ambas bancadas en la próxima sesión.
Entre las alternativas que podrían considerarse para materializar el reconocimiento aparecen la colocación de una placa, la entrega de un decreto a sus familiares o la instauración de una fecha de recordación, aunque ninguna de estas posibilidades fue definida todavía.
El tratamiento del proyecto quedó así pendiente para la próxima reunión del Concejo Deliberante.
De esta manera, la sesión de este miércoles dejó dos ordenanzas aprobadas por unanimidad, la declaración de interés municipal para el Congreso de Economía Circular y Desarrollo Sostenible y un proyecto de reconocimiento institucional que será retomado la próxima semana.


