El programa pone en valor prácticas que ya existían de manera informal en muchas localidades del interior, donde referentes sociales actuaban como intermediarios naturales. Ahora, esa tarea se institucionaliza, se capacita y se articula directamente con los juzgados de paz.

CONFLICTOS COTIDIANOS Y DERECHOS VULNERADOS

El alcance del programa es amplio, aunque se enfoca principalmente en problemáticas de baja intensidad: conflictos vecinales, situaciones familiares, violencia de género, cuestiones vinculadas a derechos de niños, niñas y adolescentes, o incluso dificultades para realizar trámites.

“Para quien atraviesa un problema, no es menor. Puede ser una situación muy angustiante. Por eso hablamos de acceso a derechos, no solo de acceso a la justicia en términos de un juicio”, destacó la coordinadora.

EL ROL DEL JUEZ DE PAZ Y LA CONFIDENCIALIDAD

El funcionamiento del programa se articula con la Justicia de Paz, que es la encargada de supervisar y definir el abordaje de cada caso. La intervención del facilitador es confidencial y siempre a pedido del vecino.

“No es alguien que se entromete en la vida de otros. Es la persona la que decide acudir a ese facilitador en quien confía”, aclaró Oliva.

Además, el seguimiento y la resolución de cada situación quedan garantizados a través del juez de paz, quien determina las acciones a seguir o las derivaciones correspondientes.

SUPERAR BARRERAS PARA ACCEDER A LA JUSTICIA

Uno de los principales objetivos del programa es derribar obstáculos que históricamente dificultan el acceso a derechos: el miedo, la desinformación, la desconfianza o incluso la vergüenza de exponer problemas en comunidades pequeñas.

“Muchas personas no acuden a la justicia porque no saben que pueden hacerlo o porque sienten que es algo lejano. Este programa busca acortar esa distancia”, afirmó.

EXPANSIÓN EN EL INTERIOR Y LLEGADA A LA REGIÓN

Actualmente, el programa funciona en nueve localidades de la provincia y continúa en expansión. En estos días se realizan asambleas en distintas localidades del departamento Tercero Arriba, como Pampayasta Sud, Las Isletillas, General Fotheringham y Almafuerte, donde la propia comunidad elegirá a sus facilitadores.

El proceso incluye instancias informativas abiertas, selección democrática de los referentes, capacitación y posterior puesta en funcionamiento.

RESULTADOS POSITIVOS Y ALTO IMPACTO SOCIAL

Las primeras experiencias, iniciadas hace tres años en localidades como Unquillo y Pilar, han mostrado resultados alentadores.

“Más allá de lo cuantitativo, lo importante es lo cualitativo: detrás de cada intervención hay familias y comunidades que mejoran su calidad de vida”, destacó Oliva.

Incluso, según relató, hubo casos de conflictos judicializados que lograron destrabarse gracias a la intervención de facilitadores, lo que evidencia el potencial del programa como herramienta de resolución y prevención.

UNA JUSTICIA MÁS CERCA DE LA GENTE

Con este avance, el Poder Judicial busca consolidar un modelo más cercano, accesible y humano, donde la comunidad también sea protagonista en la construcción de soluciones.

En localidades del interior como las de la región de Hernando, donde las relaciones son más directas y el tejido social es más cercano, el programa se presenta como una oportunidad para fortalecer vínculos, prevenir conflictos y garantizar derechos de manera más ágil y efectiva.