En las últimas décadas, la expansión urbana avanzó de manera sostenida sobre suelos naturales, reemplazando áreas verdes por superficies impermeables como el asfalto y el hormigón. Frente a este escenario, surgen estrategias de política pública para recuperar el verde urbano. Este informe reúne algunas de las iniciativas impulsadas por gobiernos locales, universidades y organizaciones sociales para enfrentar este desafío, y analiza los principales obstáculos que enfrentan las ciudades cuando las proyecciones científicas anticipan temperaturas cada vez más altas en las próximas décadas.

Aunque las experiencias son dispersas y todavía falta mucho en materia de planificación verde, hay lugares donde ya se pusieron en marcha desde sistemas de trazabilidad digital del arbolado hasta cortinas forestales en zonas periurbanas. Este trabajo forma parte de la serie Biocomunidad, un proyecto de la Fundación Colsecor orientado a visibilizar problemáticas ambientales y promover el debate público sobre acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de modo sostenible.

Más construcciones, menos sombra

Como señaló la agenda Biocomunidad en un informe del año pasado, el aumento de las temperaturas en las ciudades se ha convertido en un problema ambiental y social impostergable, que exige repensar la planificación urbana y las estrategias de adaptación climática. Detrás, están los números: el 85% de la población latinoamericana reside en áreas urbanas. En los últimos 20 años, estas zonas experimentaron una pérdida promedio del 24% de la cobertura vegetal, según datos de la ONU- Hábitat. Argentina replica ese escenario con 9 de cada 10 personas habitando ciudades. 

El mismo informe de la Fundación Colsecor (“Temperaturas y calentamiento en zonas de hiperpoblación”) señala que la “isla de calor urbana” es uno de los efectos más visibles del crecimiento de las ciudades. La combinación de superficies impermeables, alta densidad edilicia y menor presencia de vegetación impide que el calor se disipe, generando microclimas urbanos que pueden registrar varios grados más que las áreas rurales cercanas. 

Este fenómeno tiene impactos múltiples: eleva los accidentes laborales, deteriora los ecosistemas urbanos y aumenta la contaminación del aire; como también agrava problemas de salud vinculados: estudios científicos, entre ellos éste de CONICET, indican que el calor aumenta las enfermedades y la mortalidad cardiovasculares, respiratorias y renales. Por otro lado, también genera costos económicos crecientes al elevar el consumo energético. Básicamente, incorporar más equipos de aires acondicionados es una medida efectiva dentro del hogar, pero poco sustentable y difícil de extender en poblaciones vulnerables. En general, son los barrios más pobres los más afectados, ante la falta de acceso a esos bienes y de espacios verdes con circulación de aire, como ocurre dentro los grandes asentamientos urbanos. 

Entonces, ¿qué beneficios brinda la gestión verde? Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ponen en cifras y ejemplos las ventajas de contar con árboles urbanos:

• Los árboles alrededor de los edificios pueden reducir las necesidades de aire acondicionado un 30% y ahorrar la energía utilizada para la calefacción entre un 20 y un 50%.
• Plantar árboles en zonas estratégicas de nuestras ciudades puede refrescar el ambiente entre 2 y 8º C. 
• Los grandes árboles urbanos son excelentes filtros para los contaminantes urbanos y partículas finas. Al mismo tiempo, hacen de barrera acústica. 
• Los árboles maduros regulan el flujo de agua y mejoran la calidad del agua.
• Pasar tiempo cerca de los árboles mejora la salud física y mental mediante el aumento del nivel de energía y la velocidad en la recuperación, mientras disminuye la presión arterial y el estrés.
• Los árboles proporcionan hábitat, alimentos y protección a las plantas y a los animales, y favorecen el aumento de la biodiversidad urbana. 

Planificar el verde: experiencias en marcha 

Todos los beneficios mencionados del arbolado urbano no hacen más que mejorar los espacios públicos y, con ello, la calidad de vida de las personas que viven o transitan las ciudades. Las experiencias que siguen muestran distintas estrategias que municipios, de la mano de universidades y organizaciones ambientales, pusieron en marcha para contrarrestar tanto gris y cemento.

Trazabilidad de arbolado

Una de las estrategias más novedosas consiste en mejorar la información disponible sobre el arbolado urbano, que permita la toma de decisiones por parte de los municipios. Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba trabajan en articulación con la ONG “Acción Ambiental” y la Municipalidad de Córdoba en un sistema de monitoreo y trazabilidad del patrimonio arbóreo que permite registrar cantidad y tipo de especies, ubicación, y necesidades de cuidado. Llamado GeTAU (Gestor de Trazabilidad de Arbolado Urbano) esta herramienta digital incorpora sensores y drones para el monitoreo.

En la misma línea, en la provincia de Buenos Aires la Comisión de Investigaciones Científicas puso en marcha un sistema de censado del arbolado para que utilicen gratuitamente los municipios. Herramientas de gestión y trazabilidad de árboles hay en el mercado, pero los costos son elevados para muchos pueblos y ciudades. Este tipo de herramientas permiten evaluar el tamaño y la distribución de la mancha verde urbana, la cobertura de copas, la cantidad de árboles por barrio o localidad, su estado sanitario y el riesgo potencial por zona o ejemplar. Quienes lo diseñaron son investigadores/as de la Universidad del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA), y la puesta en marcha en los municipios se hace en articulación con la Dirección Forestal bonaerense.

Ambas iniciativas, además de involucrar el desarrollo científico de las universidades públicas, tienen como denominador común el uso de inteligencia artificial para hacer análisis con alto volumen de datos, y la participación activa de los y las vecinas, quienes, como en el caso de GeTAU, podrán monitorear en tiempo real y sumarse como voluntarios en actividades de reforestación y seguimiento. En el caso del proyecto de la UNNOBA-CIC se espera incorporar la participación ciudadana en una segunda etapa de desarrollo.

En la ciudad de Viedma se puso en marcha el primer censo de arbolado urbano, una iniciativa impulsada por una mesa interinstitucional que reúne al municipio, la Defensoría del Pueblo, universidades, el INTA y organizaciones profesionales. Los primeros resultados no solo demostraron una escasez de ejemplares en veredas y espacios públicos (falta un 60% de arbolado); también de diversidad de especies (algunos grupos arbóreos representan menos del 3% del total). La experiencia incluye capacitación técnica para reconocer especies, relevar su estado sanitario y registrar información mediante herramientas digitales, con el objetivo de avanzar hacia un plan integral de arbolado urbano.

Planes de reforestación urbana: importa cómo

Gestionar el arbolado urbano no consiste solo en plantar más ejemplares. Previo hay que diseñar y ello incluye conocer en qué lugares se hacen podas reactivas en lugar de podas preventivas o qué especies y cuántas se necesitan; es conocida en el ámbito de la silvicultura urbana la premisa “el árbol correcto en el sitio correcto”.

Por otro lado, en ocasiones la comunidad advierte ciertos inconvenientes que el arbolado urbano suele ocasionar, como es la intercepción de líneas aéreas y alumbrado; obstrucción de cloacas, desagües; levantamiento de veredas e interferencia para el tránsito. Más aún, en aquellos casos donde el riesgo es la caída de árboles. En Bahía Blanca, por ejemplo, el municipio realiza, junto al ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense un plan de plantación para recuperar parte del arbolado perdido tras el fuerte temporal que afectó a la ciudad en 2023. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a restaurar espacios verdes y reforzar la capacidad urbana frente a eventos climáticos extremos. Previo a ello, geólogos de la Universidad del Sur se valieron de imágenes satelitales para diagnosticar y analizar los efectos de los 15 mil árboles caídos con el temporal del 16 de diciembre de 2023.

En ciudades como Paraná, la puesta en marcha de “Plantamos Futuro”, el Plan de Arbolado Urbano prevé la plantación de al menos 2.000 árboles por año en distintos barrios de la ciudad. Entre las especies utilizadas se priorizan árboles autóctonos como algarrobo, ceibo, lapacho o ibirá pitá, seleccionados según el ancho de vereda y las condiciones del sitio. 

En regiones de altas temperaturas, varios municipios comenzaron a trabajar con criterios técnicos para mitigar ese escenario. Un caso es Oberá, la segunda ciudad en tamaño y relevancia de Misiones, donde el municipio elaboró un Manual para el arbolado urbano y un plan de manejo que funciona como política pública permanente. Allí se establecen criterios para la selección de especies según el espacio disponible y los objetivos de cada plantación: ornamentación, provisión de sombra, protección frente al viento, disminución del ruido urbano o generación de hábitat para la biodiversidad. El documento también fija parámetros concretos para evitar problemas frecuentes en las ciudades, como raíces que rompen veredas o árboles que interfieren con infraestructura urbana. Para ello se detallan dimensiones mínimas de canteros, profundidad de plantación y especies recomendadas para veredas, plazas, bulevares o predios públicos.

En las provincias patagónicas, el arbolado urbano enfrenta desafíos particulares vinculados al clima y al suelo: vientos intensos, heladas y suelos poco profundos o pedregosos. Estas condiciones obligan a diseñar estrategias de forestación específicas y basadas en conocimiento científico. En Río Negro, por ejemplo, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) participan junto a municipios y organismos técnicos en proyectos de diagnóstico y planificación del arbolado urbano, en un territorio donde el verde urbano a largo plazo depende en gran medida del riego y de la elección correcta de especies.

El caso de Corrientes muestra otra dimensión del problema: la tensión entre los beneficios ambientales del arbolado y la percepción cotidiana de los vecinos. Según datos difundidos por el municipio y relevados por medios locales, por cada árbol que se planta hay 10 pedidos de vecinos para retirarlos, generalmente por conflictos con veredas, raíces o interferencias con cableado. Las autoridades municipales sostienen que la ampliación del arbolado urbano forma parte de una estrategia para mejorar el microclima de la ciudad, caracterizada por altas temperaturas estivales, aunque reconocen que la aceptación social del arbolado sigue siendo uno de los principales desafíos de la gestión verde.

Aunque la planificación verde suele asociarse a grandes ciudades, en distintas localidades pequeñas también comienzan a surgir experiencias innovadoras. Camilo Aldao, un pueblo de cinco mil habitantes en Córdoba, es un ejemplo: allí el municipio elaboró un plan de acción climática para el período 2019-2030 que incluye medidas de forestación en áreas periurbanas. En Cafferata, en el sur de Santa Fe, la participación en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático impulsó un plan local de reforestación orientado a ampliar la cobertura vegetal y mejorar el entorno urbano. En la página de la RAMCC se puede ver el mapa de todas las ciudades y pueblos que forman parte de la red, con diferentes alcances y planes estratégicos por localidad. 

En algunos barrios populares también aparecen respuestas impulsadas por la propia comunidad. En la Villa 20, en Villa Lugano (Ciudad de Buenos Aires), vecinos del barrio trabajaron junto con investigadores y organizaciones ambientales para incorporar pequeñas intervenciones verdes (como árboles, plantas nativas y jardines de lluvia) con el objetivo de reducir el calor y mejorar el microclima urbano. La iniciativa, documentada por El País, surgió desde la organización comunitaria y no como parte de un programa oficial, mostrando cómo en contextos de alta vulnerabilidad también se desarrollan estrategias locales para enfrentar las altas temperaturas.

Techos blancos, Corredores verdes y “bosques de bolsillo”

Algunas experiencias de política públicas se vinculan a la creación de corredores verdes y cortinas forestales. En municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires, proyectos impulsados por el INTA buscan desarrollar corredores biológicos urbanos que conecten espacios naturales y áreas verdes dentro del entramado urbano. Estos corredores permiten que aves, insectos y otras especies puedan desplazarse entre distintos ecosistemas, favoreciendo la biodiversidad y mejorando los servicios ambientales de las ciudades. Además de su valor ecológico, estas infraestructuras verdes contribuyen a reducir la temperatura urbana, mejorar la infiltración del agua de lluvia y fortalecer la resiliencia frente a eventos climáticos extremos. Un ejemplo en América Latina que resultó exitoso es el de Medellín, Colombia, que redujo la temperatura unos 2 grados a partir de un entramado de 30 corredores biológicos, además de mejorar la calidad del aire, según los especialistas

En Río Tercero, Córdoba, una ordenanza municipal exige que los productores agropecuarios cuyos campos limitan con la zona urbana incorporen cortinas forestales en los bordes de sus predios. La medida, lanzada recientemente, busca reducir el impacto del viento, mejorar la calidad ambiental del entorno urbano y aumentar la cobertura vegetal en el límite entre áreas productivas y urbanas. En esta primera etapa se prevé ejecutar al menos el 50% de las especies arbóreas necesarias para la cortina forestal total. Además, desde septiembre de 2025 el municipio y la Fundación “Juntos a la par La Luciérnaga” se sumaron a otro plan de acción verde que ciudades de otras partes del mundo han puesto en marcha en los últimos años, el llamado “Bosque Urbano de Bolsillo”, una representación a pequeña escala de un bosque nativo.

Ituzaingó es otro caso particular. A mediados de 2024, el municipio bonaerense puso en marcha un plan estratégico que proyecta plantar 24.000 árboles entre 2024 y 2030. La iniciativa forma parte del programa Bosque Urbano 2030, que combina forestación en barrios, recuperación de espacios verdes degradados, plantación en avenidas y creación de corredores verdes que conecten plazas y parques del distrito. Además de aumentar la cobertura arbórea, el plan busca consolidar una red de infraestructura verde capaz de mejorar la calidad ambiental y reducir el efecto de isla de calor en una de las zonas más densamente urbanizadas del conurbano.

En algunas ciudades del mundo, como Nueva York o Los Ángeles, comenzaron a implementarse soluciones de bajo costo como pintar los techos de blanco para reflejar la radiación solar y reducir la temperatura en viviendas ubicadas en barrios vulnerables. En Argentina, estas iniciativas aparecen principalmente en estudios y proyectos piloto vinculados a la adaptación climática, pero aún no existen programas públicos. 

Obstáculos y Desafíos

La gestión del arbolado urbano enfrenta desafíos estructurales en Argentina. Especialistas en planificación urbana señalan que muchas ciudades carecen de inventarios actualizados del patrimonio arbóreo, lo que dificulta conocer cuántos árboles existen, qué especies predominan o cuál es su estado sanitario. Sin esa información, la planificación suele quedar limitada a intervenciones puntuales o respuestas ante emergencias.

También aparecen limitaciones económicas. Mantener viveros municipales, sistemas de riego, podas planificadas y programas de forestación requiere recursos técnicos y financieros que no todos los municipios pueden sostener de manera permanente. A ello se suma la falta de planificación a largo plazo: el arbolado urbano exige políticas sostenidas durante décadas, mientras que muchas iniciativas dependen de gestiones municipales que cambian cada pocos años.

Otro desafío está vinculado con la participación ciudadana. Aunque la responsabilidad de la gestión del arbolado corresponde a los gobiernos locales, en la práctica muchos árboles de vereda son plantados por vecinos, que también realizan podas o intervenciones sin asesoramiento técnico. Esto puede generar conflictos con la infraestructura urbana o con el desarrollo adecuado de los ejemplares.

A estos desafíos se suma la dimensión educativa. En Argentina, la Ley de Educación Ambiental Integral (27.621), sancionada en 2021, establece la incorporación de contenidos ambientales en todos los niveles educativos. Sin embargo, distintos especialistas señalan que su implementación aún es desigual entre las provincias y que, en muchos casos, la educación ambiental aparece como un enfoque más dentro de proyectos escolares más que como una política educativa sistemática.

La continuidad de las políticas también constituye un problema. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, organizaciones ambientales llevaron a la Justicia reclamos por el incumplimiento de metas de plantación y mantenimiento del arbolado urbano establecidas por la normativa local. Así, en enero del año pasado un fallo judicial ordenó al gobierno porteño presentar planes concretos para garantizar el cumplimiento de la Ley 3263/2009, que fija, justamente, los lineamientos para el cuidado e incremento de las especies arbóreas en el ámbito de la ciudad.

A este escenario se suma un contexto político que preocupa a organizaciones ambientales y especialistas. En los últimos meses se registraron caídas significativas en programas ambientales del Estado nacional, la paralización de políticas vinculadas a la protección de bosques nativos y una reducción en la inversión destinada a la prevención de incendios y al fortalecimiento de áreas ambientales. Distintos informes señalan que el presupuesto ambiental nacional experimentó un recorte en políticas ambientales es del 69% respecto al 2023. En este marco, la continuidad de las políticas verdes queda cada vez más supeditada a la iniciativa de provincias y municipios, que intentan sostener programas de forestación urbana y gestión del arbolado, en un escenario de menor financiamiento y apoyo institucional.

El proyecto Biocomunidad, que contempla la realización y difusión de informes relacionados con la temática ambiental, se origina a partir de la relevancia del tema para José Pepe Mujica, en su figura como presidente honorario de la Fundación  Colsecor, y la adhesión institucional al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.