a inversión por estudiante (2,1 millones de pesos en 2025) es la menor desde 2005, según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). A esto se suma un deterioro salarial docente del 40,5% desde 2024. Pero detrás de esos números hay una estructura de gastos cotidianos imprescindibles: sin ellos, ninguna universidad puede abrir sus puertas. Sobre esto gira esta nueva agenda pública de Fundación Colsecor.

Radiografía de los gastos

Los portales de transparencia de las casas de estudio permiten observar ejecuciones presupuestarias, licitaciones y contrataciones vigentes. También figuran en el sistema “Universidades Compran” del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las autoridades de todas las universidades públicas del país. 

En la mayoría de las universidades nacionales, entre el 80% y el 90% del presupuesto se destina al pago de salarios docentes y no docentes. El resto sostiene la estructura que hace posible la enseñanza, la investigación y la extensión comunitaria.

Servicios y mantenimiento. Electricidad, gas, agua, conectividad, limpieza, seguridad, mantenimiento de ascensores, calderas, bombas de agua, redes eléctricas, matafuegos, sistemas contra incendios. Todos esto son gastos permanentes, no extraordinarios. En la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, el sistema de compras registra recientes contrataciones vinculadas al mantenimiento de ascensores y servicios eléctricos en distintas dependencias académicas, indispensables en edificios donde circulan miles de personas diariamente. Otro ejemplo: en enero de este año, la Universidad Nacional de Quilmes publicó una contratación anual para la recarga y control de matafuegos, adecuación y mantenimiento de la red de hidrantes y provisión de equipamiento asociado.

Insumos. El presupuesto universitario también se traduce en insumos específicos, muchas veces asociados a la oferta académica. No se trata solo de grandes inversiones en equipamiento, sino de bienes consumibles que se agotan y deben reponerse: reactivos de laboratorio, instrumental óptico, materiales para talleres, indumentaria de trabajo, indumentaria deportiva, hornos convectores para servicios de alimentación o medicamentos en hospitales universitarios, son solo algunos ejemplos.

En la Universidad Nacional del Litoral entre las últimas adquisiciones figuran guantes de seguridad dieléctricos para trabajos con riesgo eléctrico y cámaras estereoscópicas destinadas a investigación científica. En la Universidad Nacional de Tucumán aparecen compras de insumos informáticos y materiales para prácticas profesionales. O en la Universidad Nacional del Sur entre las licitaciones más recientes figura una para adquisición de equipamiento de anestesia veterinaria. 

Infraestructura y obras: La infraestructura universitaria no se limita a la construcción y reforma de aulas. Incluye bibliotecas, laboratorios, comedores, residencias, hospitales universitarios, colegios preuniversitarios y campus con circulación interna. Pero cuando las partidas caen, se traban licitaciones, se postergan obras y se frena mantenimiento mayor. El año pasado el CIN advirtió que más de 90 obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria permanecían paralizadas.

Por dar un ejemplo concreto, en la Universidad Nacional de San Martín, la construcción de la Torre de Innovación Científico-Académica se detuvo tras diciembre de 2023 y solo fue retomada mediante un acuerdo con la Provincia de Buenos Aires para reactivar fondos. Algo parecido sucedió en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que tuvo que paralizar la obra de la Biblioteca por falta de financiamiento de Nación.

Bienestar estudiantil: el presupuesto universitario también se juega en políticas que sostienen trayectorias: comedores con precios subsidiados, becas, programas de tutorías, salud estudiantil y transporte. En un contexto donde muchos estudiantes combinan estudio y trabajo, la caída real de becas o el aumento del costo de vida suele traducirse en deserción o extensión de los tiempos de graduación. El CIN advirtió falta de actualización de becas y programas de asistencia a estudiantes universitarios, como “Progresar”, que ya redujo un 62,4% la cantidad de beneficiarios entre 2023 y 2025, con un estipendio congelado que cayó 46,5% (35.000 pesos desde septiembre de 2024), según un reciente informe el Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), en colaboración con FEDUBA.

Investigación, extensión y vínculos locales. Para las ciudades intermedias la universidad suele ser un nodo que concentra empleo formal, demanda de bienes y servicios y capacidad técnica para proyectos comunitarios. La Universidad Nacional del Litoral, por caso, cuenta con 12 Unidades Territoriales de Innovación y Desarrollo (UTID), asentadas en diferentes regiones de la provincia de Santa Fe, desde donde materializan convenios, asistencia, transferencia tecnológica y proyectos de cooperación con municipios, pymes, organizaciones sociales, culturales y deportivas. Incluso, en ciudades grandes, esos vínculos se traducen en beneficios para la comunidad no solo estudiantil: otro ejemplo es el tren universitario en la ciudad de La Plata, puesto en marcha por la UNLP y el Ministerio de transporte de Nación en el año 2013. En sus inicios cubría un recorrido de sólo cinco kilómetros, que conectaba zona de facultades; luego se fue ampliando, para que sea utilizado no solo por estudiantes y docentes, sino público en general.

Cuando se reduce el margen para extensión e investigación, el ajuste no queda puertas adentro: se frenan proyectos; se recortan prácticas en territorio y se limita la producción de conocimiento para resolver problemáticas locales: salud, ambiente, producción, innovación, desarrollo rural, planificación territorial, movilidad; todas demandas sociales. Un capítulo aparte merece la situación del sistema científico que desde el CIN describieron como “terminal”, en tanto prácticamente todas las líneas de financiamiento en ciencia y tecnología están cortadas.

Hospitales y servicios de salud. Algunas universidades públicas gestionan hospitales universitarios y al mismo tiempo atienden a la población general. Además de concentrar más de 300.000 estudiantes y cerca de 30.000 docentes, la Universidad de Buenos Aires (UBA) administra seis hospitales universitarios. Sus autoridades denunciaron en diciembre pasado un “brutal recorte” en el presupuesto 2026 de sus hospitales universitarios que implicará recibir un 30% menos de fondos que en 2025. La proyección que realizan afecta a instituciones clave en la salud pública como el Hospital de Clínicas “General José de San Martín” o el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, que atienden en promedio a más de 700 mil pacientes por año.

Deterioro salarial: migración y pluriempleo

El ajuste presupuestario se observa con mayor claridad en los salarios. Según estimaciones de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, el poder adquisitivo del ingreso docente acumuló una pérdida del 40,5% en términos reales entre 2024 y 2025, lo que equivale a perder siete sueldos durante ese periodo. De acuerdo con los informes gremiales, las paritarias dejaron de funcionar como instancia efectiva de negociación para transformarse en incrementos que, además de insuficientes, fueron definidos unilateralmente por el Poder Ejecutivo. El último aumento que el gobierno dio, después de un año sin actualizaciones, fue en febrero de este año: 2% de aumento y un bono por única vez que en profesores de dedicación simple fue de 12.500 pesos.

En términos prácticos, esto significa que una parte significativa de la planta docente percibe ingresos que se ubican por debajo de la canasta mínima. No existen estadísticas oficiales consolidadas sobre migración o pluriempleo docente. Sin embargo, tanto la CONADU como autoridades nucleadas en el CIN han advertido públicamente sobre un fenómeno creciente: docentes que amplían su carga horaria en distintas instituciones, migran hacia universidades privadas o complementan ingresos con otras actividades, como manejo de autos o venta de comida.

Se trata de un proceso difícil de medir, pero observable en la dinámica cotidiana de las universidades. Cuando el salario pierde poder de compra de manera sostenida, la dedicación académica tiende a fragmentarse y, por lo tanto, debilitarse. Y así se resiente la calidad del tiempo disponible para investigar, acompañar estudiantes, participar en proyectos de vínculo con la comunidad o sostener proyectos educativos de largo plazo.

La ley: más que un debate de presupuesto

El conflicto en torno a la Ley de Financiamiento Universitario no es solamente presupuestario, se volvió institucional y es inédito en la etapa democrática reciente. A fines de 2025 el Congreso aprobó una norma que establece mecanismos automáticos de actualización de partidas y recomposición salarial. El presidente Javier Milei la vetó. Posteriormente, el Congreso insistió con su aprobación y la Justicia ordenó su aplicación inmediata. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió no implementarla y presentó, en cambio, un proyecto alternativo para modificarla, rechazado por gremios y rectores. De esa manera, docentes y trabajadores de las universidades anunciaron paros y movilizaciones.

La Argentina cuenta con una tradición universitaria de más de cuatro siglos. La Universidad Nacional de Córdoba fue fundada en 1613 y la Reforma Universitaria de 1918 sentó las bases para una educación más inclusiva y democrática. A lo largo del siglo XX y XXI, la expansión del sistema permitió que miles de jóvenes, muchos de ellos primera generación universitaria, accedieran a estudios superiores.

El debate actual es, entonces, sobre la continuidad de un modelo de universidad pública que históricamente fue orgullo argentino y motor de movilidad social, desarrollo científico y vínculo territorial. Cuando el financiamiento se deteriora de manera sostenida (como ocurrió en los últimos dos años y medio) lo que se pone en juego es mucho más que el cumplimiento del calendario académico.