A nivel nacional, la principal herramienta sigue siendo la Ley Nacional Nº 22.428 de Conservación y Recuperación de Suelos, sancionada en 1981. La norma promueve la elaboración de planes conservacionistas, incentivos económicos para los productores y la conformación de consorcios destinados a preservar la capacidad productiva de los campos. Sin embargo, especialistas coinciden en que su aplicación ha sido desigual entre las distintas provincias y que los nuevos desafíos derivados del cambio climático exigen actualizar muchas de sus herramientas.
A este marco se suma la Ley General del Ambiente (25.675), que incorpora principios como la prevención, el desarrollo sustentable y la responsabilidad ambiental, estableciendo los presupuestos mínimos para la protección de los recursos naturales en todo el país.
En materia de conservación de suelos, Córdoba es considerada una de las provincias con mayor desarrollo institucional.
La Ley Provincial Nº 8.936, vigente desde la década de 1990, declaró de orden público la conservación y protección de los suelos y dio origen a un sistema de planificación territorial basado en cuencas, proyectos prediales y la participación activa de los productores.
Durante los últimos años ese esquema se fortaleció con la creación de los Consorcios de Gestión Integrada de Cuencas Agropecuarias, que amplían el trabajo conjunto entre productores, municipios y el Estado para abordar problemas de erosión, escurrimientos, manejo hídrico y conservación del recurso.
Paralelamente, la provincia consolidó el Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), que reconoce económicamente a los productores que implementan prácticas sustentables como la rotación de cultivos, el análisis de suelos, el manejo responsable de fertilizantes, la siembra directa, la forestación y el cuidado de los recursos hídricos. Estas políticas han convertido a Córdoba en una referencia nacional en materia de incentivos a la producción sostenible.
Los especialistas recuerdan que apenas unos pocos centímetros de suelo fértil pueden tardar cientos de años en formarse, mientras que una lluvia intensa o un manejo inadecuado pueden provocar pérdidas significativas en pocas horas.
Por ese motivo, las estrategias actuales apuntan no sólo a evitar la erosión, sino también a recuperar la materia orgánica, mejorar la infiltración del agua, aumentar la biodiversidad del suelo y favorecer la captura de carbono, aspectos que cobran cada vez mayor importancia frente a la variabilidad climática.
La agricultura argentina se encuentra frente al desafío de incrementar la producción de alimentos sin comprometer la calidad del suelo para las próximas generaciones. En ese contexto, la combinación de legislación, innovación tecnológica, investigación científica y compromiso de los productores aparece como el camino para garantizar una producción cada vez más sustentable.
En una provincia agrícola como Córdoba, donde gran parte de la economía depende directamente del campo, la conservación del suelo ya no representa únicamente una cuestión ambiental: constituye una condición indispensable para mantener la productividad, proteger los recursos naturales y asegurar el desarrollo de las comunidades rurales.
Si bien décadas atrás la conservación del suelo solía verse como un costo adicional o una exigencia técnica, hoy existe una mayor conciencia entre los productores agropecuarios sobre la necesidad de preservar el recurso como condición para sostener la rentabilidad de los sistemas productivos.
En Córdoba ese cambio cultural es particularmente visible. La adhesión al Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) muestra un crecimiento sostenido año tras año. Durante la edición 2025, el programa alcanzó más de 3,15 millones de hectáreas, con 12.152 unidades de manejo, 25.128 prácticas conservacionistas declaradas y más de 14.000 productores y técnicos capacitados, cifras que reflejan una incorporación creciente de prácticas orientadas al cuidado del suelo y del ambiente.
Los especialistas destacan que hoy la conservación del suelo dejó de estar asociada únicamente a una cuestión ambiental. Los productores comprenden que un suelo con mayor contenido de materia orgánica, mejor estructura y menor erosión permite utilizar más eficientemente el agua, sostener los rendimientos y reducir costos a largo plazo. En otras palabras, cuidar el suelo también significa proteger el capital productivo de cada establecimiento.
No obstante, el desafío continúa siendo ampliar la adopción de estas prácticas. Estudios sobre la evolución del programa cordobés de Buenas Prácticas Agropecuarias muestran que la participación crece de manera constante, aunque todavía existe margen para incorporar a más establecimientos y profundizar tecnologías como las rotaciones de cultivos, los cultivos de servicio, el análisis sistemático de suelos y el manejo integral de nutrientes.
En ese contexto, entidades técnicas como la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) vienen impulsando investigaciones para medir la huella de carbono de los sistemas agrícolas y determinar qué manejos favorecen una mayor captura de carbono y una mejor salud del suelo. La tendencia marca que la sustentabilidad ya no responde solamente a una demanda ambiental, sino también a una exigencia de los mercados internacionales y de los consumidores, cada vez más interesados en conocer cómo se producen los alimentos.




