Fernández destacó especialmente la decisión de ampliar la cantidad de fiscalías especializadas en la lucha contra el narcotráfico, medida incorporada a la nueva Ley de Seguridad provincial.

“Era necesario contar con fiscalías especializadas en distintos puntos del interior y con una fuerza dedicada exclusivamente a combatir este delito”, sostuvo.

LA IMPORTANCIA DE LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS

La funcionaria señaló que una gran cantidad de investigaciones tienen origen en denuncias realizadas por los propios vecinos y recordó que la provincia cuenta con una línea telefónica gratuita y totalmente anónima para aportar información sobre venta de drogas o actividades vinculadas al narcotráfico.

Se trata del 0800-888-8080, mecanismo que permite a la ciudadanía colaborar activamente con las investigaciones sin poner en riesgo su identidad.

“NO SE TRATA SÓLO DE SECUESTRAR DROGA”

Fernández explicó que el objetivo de la FPA no pasa únicamente por el hallazgo de estupefacientes sino por desarticular organizaciones criminales completas.

Actualmente, alrededor de 3.000 personas permanecen privadas de la libertad en Córdoba por delitos vinculados a la Ley Nacional de Estupefacientes, una cifra que, según la funcionaria, refleja el alcance de las investigaciones desarrolladas en la provincia.

Asimismo, defendió el modelo cordobés de desfederalización del narcomenudeo, implementado hace más de una década, y consideró que permitió dotar al Estado provincial de herramientas propias para actuar frente a una problemática que afecta directamente a las comunidades locales.

EL DESAFÍO DE LAS CÁRCELES CORDOBESAS

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la situación del sistema penitenciario provincial.

Fernández informó que actualmente Córdoba cuenta con unos 17.500 internos distribuidos en diez establecimientos penitenciarios, una cifra que genera una sobrepoblación superior al 30 por ciento. Aproximadamente la mitad de los detenidos posee condena firme, mientras que el resto se encuentra procesado.

La funcionaria destacó el trabajo que realizan los agentes penitenciarios y remarcó la importancia de los programas de capacitación laboral destinados a favorecer la reinserción social de quienes cumplen condenas.

En la actualidad, cerca de 5.000 personas privadas de la libertad participan en distintos proyectos productivos. Entre ellos se encuentran la confección de guardapolvos para el PAICOR, la fabricación de adoquines para municipios, trabajos de herrería y la producción de especies forestales para distintos puntos de la provincia.

NUEVAS CÁRCELES PARA REDUCIR LA SOBREPOBLACIÓN

Finalmente, Fernández confirmó que el Gobierno de Córdoba avanza en la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias con el objetivo de aliviar la situación de sobrepoblación.

Entre las obras en marcha mencionó el establecimiento de máxima seguridad CEMAX y un nuevo módulo destinado a personas condenadas, proyectos que permitirán ampliar la capacidad del sistema y mejorar las condiciones de alojamiento.

“La inversión en infraestructura es fundamental para acompañar el crecimiento de la población penitenciaria y garantizar condiciones adecuadas tanto para los internos como para el personal”, concluyó.