La ordenanza establece que los lotes deberán destinarse exclusivamente a vivienda única, familiar y de ocupación permanente, fijando además condiciones concretas para evitar la especulación inmobiliaria.
Entre los principales requisitos se destacan:
Convocatoria pública a interesados.
Criterios objetivos de adjudicación.
Registro de postulantes y adjudicatarios.
Tasación previa de los terrenos.
Además, se determina que los adquirentes deberán iniciar y finalizar la construcción en plazos establecidos, y no podrán transferir el inmueble sin autorización municipal antes de edificar .
Uno de los cambios centrales es que ya no será obligatorio contar con un programa habitacional para acceder a los lotes, flexibilizando así las condiciones de acceso, aunque anteriormente la normativa vinculaba la adquisición a planes nacionales, provinciales o municipales.
Los terrenos tienen una superficie aproximada de 246 metros cuadrados y un valor base cercano a los 19.449.169 pesos.
Desde el análisis local, se indicó que existen pedidos concretos de vecinos interesados en construir, en un contexto donde los planes municipales proyectan unas 20 viviendas pendientes, aunque solamente dos personas inscriptas no cuentan actualmente con terreno.
Este dato refuerza la necesidad de poner en disponibilidad los lotes restantes para avanzar en soluciones habitacionales.
El proyecto también establece que los recursos obtenidos por la venta de los terrenos deberán destinarse prioritariamente a completar la infraestructura del barrio, especialmente las obras pendientes, y luego a otros desarrollos urbanos de la ciudad .
Asimismo, se incorpora la obligación de remitir informes al Concejo Deliberante con detalles sobre los lotes adjudicados, valores de venta y avance de obras, además de requerir información específica sobre los terrenos ya comercializados en etapas anteriores.
Desde la oposición se reconoció que el proyecto actual representa un avance en términos de ordenamiento y transparencia.
Sin embargo, manifestaron que no acompañaron la iniciativa debido a la falta de información sobre el manejo previo del loteo. En ese sentido, señalaron que existieron situaciones de discrecionalidad en la venta de terrenos en el pasado, lo que genera dudas sobre la equidad en los procesos anteriores.
También se remarcó que durante todo el año pasado no se registraron reuniones de la Comisión de Vivienda, un ámbito considerado clave para el seguimiento de este tipo de políticas públicas.
Pese a estas observaciones, coincidieron en que la nueva ordenanza introduce herramientas más claras para regular la comercialización, aunque insistieron en la necesidad de revisar lo actuado con anterioridad.



