Especialistas advierten que existen dos grandes factores que explican la continuidad laboral en la vejez. Por un lado, personas que aún conservan capacidades y desean mantenerse activas; y por otro —el más extendido— quienes se ven obligados a trabajar porque los haberes jubilatorios no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Esta situación se profundiza entre jubilados que perciben la mínima y en aquellos que no cuentan con redes familiares de contención.

A comienzos de 2026, la jubilación mínima se ubicaba en torno a los 359.000 pesos, cifra que incluso con bonos extraordinarios queda por debajo de la Canasta Básica Alimentaria. La brecha es aún mayor si se considera la Canasta Básica del Jubilado, que incluye gastos en medicamentos, salud y vivienda adaptada.

En cuanto a los sectores donde se insertan las personas mayores, predominan actividades informales o por cuenta propia: comercios familiares, servicios, tareas de cuidado, limpieza, mantenimiento, albañilería y trabajos físicos exigentes. El empleo asalariado formal aparece como una opción cada vez más restringida, lo que expone a esta población a mayores riesgos laborales y sanitarios.

Las trayectorias laborales previas resultan determinantes. Décadas de informalidad, bajos aportes o interrupciones —especialmente en el caso de las mujeres— se traducen en jubilaciones insuficientes o en el acceso a beneficios a través de moratorias. A futuro, el panorama se vuelve aún más complejo frente al envejecimiento poblacional, los cambios en el sistema previsional y la pérdida de empleo registrado.

En este contexto, el concepto de “economía plateada”, que propone pensar a las personas mayores como actores activos del desarrollo económico, aparece hoy como una meta difícil de consolidar en la Argentina. Sin un sistema de seguridad social robusto, ingresos suficientes y políticas de cuidado integrales, trabajar después de jubilarse deja de ser una elección para convertirse en una estrategia de supervivencia.

Organismos internacionales advierten que cuando el trabajo en la vejez responde a la necesidad y no a la autonomía, no mejora la calidad de vida ni promueve inclusión, sino que profundiza la vulnerabilidad. El desafío, entonces, no es solo fiscal, sino social y político: garantizar una vejez con derechos implica repensar el trabajo, la protección social y los cuidados a lo largo de todo el ciclo de vida.