¿QUÉ ESTABLECE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA Y QUÉ DICE EL GOBIERNO NACIONAL?

El proyecto de ley impulsado por el legislador Daniel Arroyo (Unión por la Patria) plantea que durante la emergencia -hasta el 31 de diciembre de 2027- se debe disponer una actualización mensual del valor de los aranceles y un “financiamiento adecuado y sostenible” de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad, de la Agencia Nacional de Discapacidad y de los programas de atención médica además de fortalecer a los prestadores de la Ley 24.901 con la regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social.

“La situación crítica de las personas con discapacidad viene desde hace tiempo, pero objetivamente ha empeorado porque no hubo ningún aumento para las prestaciones que se dan”, sostuvo Arroyo durante la reunión de comisión.

A su vez, sostuvo que la iniciativa plantea la emergencia en discapacidad sobre tres cuestiones centrales: “La primera, es la emergencia a lo que hace a las prestaciones, a los servicios para las personas con discapacidad; la segunda, es la relacionada con las pensiones por discapacidad y las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a una pensión, o ya la tienen; la tercera, refiere a algo más subjetivo, pero bien complejo, y es el maltrato”.

Por su parte, desde el gobierno de Javier Milei respondieron con un comunicado de la Andis en la que rechazaron el proyecto y lo calificaron como “regresivo” porque “apela a un modelo asistencialista que ya fracasó”.

“Lejos de plantear soluciones sostenibles, esta propuesta multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían. Ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos, es irresponsable. Además, quienes hoy impulsan esta supuesta emergencia son los mismos que durante la gestión anterior generaron atrasos en los valores de las prestaciones, desfinanciaron al sistema y permitieron utilizar las pensiones por invalidez para hacer política”, acusaron desde el organismo nacional.

Las auditorías sobre pensiones por discapacidad y las bajas impulsadas por el gobierno vienen siendo motivo de reiteradas críticas y, en ese sentido, durante el debate en comisiones de Diputados el legislador Arroyo respondió: “Está claro que es necesario hacer una auditoría para identificar dónde están los problemas, pero otra cosa es poner en estado de desesperación a las personas con discapacidad”.

Por su parte, desde el gobierno acusaron que durante el gobierno de Unión por la Patria se “dejó caer el valor real de las prestaciones” y apuntaron que “mientras la inflación en 2023 fue del 211,4%, los aranceles solo crecieron un 93%”.