Los efectos de la corrupción recaen principalmente en los sectores más vulnerables de la sociedad que necesitan de la acción social del estado en materia de sanidad, educación y asistencia. “La corrupción implica escuelas que no se abren, hospitales sin insumos, caminos que no se construyen, alimentos que no llegan a destino o trenes a los cuales no le funcionan los frenos” sostuvo La diputada Gabriela Brouwer de Koning. “Estamos completamente de acuerdo con el presidente que hay que combatir la corrupción, con estos proyectos pretendemos dar un mensaje claro a la ciudadanía y al mundo: En Argentina, quienes cometan delitos de corrupción van a ser perseguidos y sancionados penalmente sin que el transcurso del tiempo o las demoras en el sometimiento de aquéllos a juicio garantice su impunidad” …sostuvo firmemente la diputada nacional.

Proyecto de Ley Imprescriptibilidad

En 1994 la reforma constitucional estableció una cláusula específica para combatir de raíz este flagelo. Este proyecto propone incorporar al artículo 62 bis del Código Penal, el siguiente Artículo: "La acción penal será imprescriptible para toda persona que de cualquier modo hubiere participado de los siguientes delitos:

a)           Fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5) previsto en el título VI del Libro Segundo;

b)           Los cometidos en contra la Administración Pública previstos en los capítulos VI (Cohecho y tráfico de influencias), VII (Malversación de caudales públicos), VIII (Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas), IX (Exacciones ilegales), IX bis (Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados), X (Prevaricato) del título XI del Libro Segundo;

c)            Los previstos en la ley 25.246 de Lavado de activos de origen delictivo cometidos a fin de procurar el lavado o blanqueo de los fondos obtenidos como resultado de los delitos previstos en los incisos a), b) y d);

d)           y todos aquellos que en el futuro se incorporen al Código Penal de la Nación o por leyes especiales en cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El presente proyecto también contempla la imposibilidad de aplicación de beneficios procesales, esto es que, la acción penal y la pena impuesta a funcionario público y a toda persona que de cualquier modo hubiere participado en el mismo hecho, no se puedan extinguirse por amnistía, indulto, ni tampoco podrán ser conmutadas.

El proyecto lleva también la firma de los diputados nacionales Danya Tavela, Marcela Antola, Pablo Cervi, Lisandro Nieri, Mariela Coletta, Julio Cobos, Fernando Carbajal, Gerardo Cipolini, Melina Giorgi, Atilio Benedetti, Marcela Coli, Manuel Ignacio Aguirre, Jorge Rizzotti, Roberto Antonio Sanchez, Mario Barletta y Juan Carlos Pollini.

Proyecto de Ley sobre Transparencia en la gestión de Empresas Públicas

Directrices de transparencia para un buen gobierno corporativo de empresas públicas, composición de los directores, conflicto de intereses, mecanismos de prevención y forma de abordar determinadas situaciones conflictivas,  ficha limpia, articulación con la Agencia de Acceso a la Información Pública y la Jefatura de Gabinete de Ministros para la implementación de políticas de transparencia, informe anual de desempeño son algunos de los aspectos que refleja el proyecto en sus deferentes artículos.

El buen gobierno corporativo en las empresas públicas se ha convertido en una propuesta transformadora en la agenda internacional. “Tanto en el caso de que la intención sea mantener bajo la esfera estatal o privatizar este tipo de empresas, la implementación de prácticas de transparencia en materia de gobierno corporativo mejora la eficiencia en la gestión, la optimización en el uso de recursos, fortalece la confianza de los socios y de la sociedad en general, revaloriza la empresa y crea un entorno neutral para la competencia entre empresas públicas y privadas, impulsando un sector empresarial sólido y competitivo…” sostuvo la Diputada.

El proyecto se alinea a las intenciones de nuestro país de incorporarse a la OCDE y por eso adopta como referencia las buenas prácticas que este organismo internacional de referencia en la temática recomienda para contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país.

“Tomamos en cuenta la necesidad de responder ante dos de las más importantes problemáticas que impactan en las empresas del estado: por un lado el intervencionismo e interferencias debido a motivaciones políticas y la dilución de la responsabilidad en la gestión” sostuvo la Diputada.

El proyecto incluye herramientas concretas para trabajar en 5 ejes principales, teniendo en cuenta los lineamiento de la OCDE:

-              El reconocimiento normativo de directrices de transparencia para un buen gobierno corporativo de empresas públicas.

-              Procesos de nominación y funcionamiento del directorio que aseguren la objetividad e idoneidad.

-              Mecanismos de identificación y abordaje de conflictos de interés.

-              Acceso específico a la información pública.

-              Mecanismos de rendición de cuentas.

“Buscamos con estos proyectos de ley contribuir al debate y la definición de medidas concretas que se cumplan y promuevan la transparencia en la gestión de las empresas y sociedades del Estado”.  “Entendemos que nuestra propuesta no es una medida mágica, ya que la lucha contra la impunidad requiere de variadas medidas preventivas y, además, la disuasión no se logra solamente con la falta de limitación temporal para imponer sanciones, sino con la efectiva aplicación de las leyes de transparencia y ética pública correspondientes, pero estamos convencidos que es una importante herramienta para continuar luchando contra la corrupción”…concluyó la Diputada.

Cuenta con el acompañamiento de diputados nacionales como Carla Carrizo, Danya Tavela, Marcela Antola, Pablo Cervi, Melina Giorgi, Julio Cobos, Mario Barletta, Luis Picat, Gerardo Cipolini y Mariano Campero.