Policial / Judicial: FACTURAS TRUCHAS: LA PATA PROFESIONAL DE LA MEGAEVASIÓN

16/11/2020 | 1384 visitas
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La calculadora no deja de sumar cifras. A dos meses y medio de los allanamientos masivos por la llamada “megaevasión”, el monto bajo sospecha acaba de actualizarse: más de 2.400 millones de pesos en facturación apócrifa, según calculan los investigadores federales. Asociación ilícita, alteración dolosa de registro, evasión y administración fraudulenta son las figuras penales que se leen en los hasta ahora 92 hechos delictivos fijados en la acusación que llevaban adelante los fiscales federales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, bajo la supervisión y el aval del Juzgado Federal N° 1, que lidera Ricardo Bustos Fierro. Una compleja causa en la que se analizan más de 15 mil facturas truchas diseñadas, y en la que hasta ahora aparecen imputados dos intendentes (Daniel Salibi, de Mendiolaza, y Cayetano Canto, de Saldán), 48 empresarios o contribuyentes y 18 contadores. En tanto, se analiza la situación legal de personas de muy bajos recursos cuyas claves fiscales fueron utilizadas para generar la facturación apócrifa, según se sospecha. FUENTE: LA VOZ DEL INTERIOR - JUAN FEDERICO


En términos simples, se persigue a una organización que generaba facturas apócrifas, las que luego eran vendidas a empresas y particulares que buscaban simular gastos para evadir el pago de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA).

Como supuesto líder de la presunta asociación ilícita figura Diego Vieyra Ferreyra, quien permanece detenido.

Los contadores

Entre los diversos roles que los investigadores de la Justicia federal y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) han ido anotando en el enorme organigrama de la causa, a los contadores les han guardado un lugar destacado.

Al menos ocho de estos profesionales investigados pasaron varios días detenidos, aunque ya todos salieron de la cárcel. No obstante, unos pocos todavía tienen prisión domiciliaria.

La persecución legal contra los contadores ha generado inquietud en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE), ya que no es común que sus asociados integren las causas penales.

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Facturas truchas: las “pantallas” de la megaevasión

Casco (de la firma Corphone), Sarmiento (de Corebi SA), Dellamagiore y Ribera (Softkey-Bornix), Pollano (Ghione SA), Lozano (UrbisCargo), Malusardi (HC3 Global Reserch Group SA), Gleser (Nesat) y Morselli y Boero (Mitre SA) son algunos de los estudios y contadores que quedaron en medio de esta investigación, según apuntaron diferentes fuentes consultadas.

¿Cuál es el reproche general en la causa contra los profesionales? Ellos son quienes habrían firmado los balances de las empresas ahora sospechadas de haber utilizado esas facturas apócrifas para simular gastos y así intentar evadir la carga impositiva, siempre de acuerdo al expediente que se instruye en la torre de Tribunales Federales de Córdoba.

En ese sentido, el presidente del CPCE, José Simonella, planteó que entre los contadores colegiados existe preocupación en dos direcciones a raíz de esta mega investigación .

“Por un lado, en caso de que los profesionales sean responsables, desde la institución nos preocupamos por el daño y la reputación general”, explicó.

Y continuó: “Pero no siempre está claro el alcance de la responsabilidad de los profesionales en este tipo de casos. Muchas veces se certifica el balance sin tener toda la información de la firma disponible, sino que se hace sobre un muestreo. Porque el profesional ve lo que el cliente le deja ver. Además, el listado de las llamadas ‘facturas apoc’ (por apócrifas) que publica la Afip puede ser posterior al balance que firmó el contador”.

Por ello, Simonella advirtió que desde el CPCE están analizando que “las responsabilidades que asumen los profesionales son cada vez mayores”.

Y completó que en la actualidad el CPCE está trabajando con la Justicia provincial para “explicar bien el alcance de la tarea profesional”, con la idea de que los funcionarios judiciales puedan conocer de manera clara de qué manera los contadores realizan su trabajo.

A pagar

En otro aspecto vinculado con el avance de la investigación por la megaevasión, en una nota publicada la semana pasada adelantábamos que tras la difusión mediática de esta causa, en Córdoba se había incrementado de manera notable la recaudación tributaria.

En ese sentido, fuentes de la Afip precisaron ahora que en agosto la recaudación se había incrementado en un 30 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que daba un valor similar, inflación mediante.

Pero después de los allanamientos del 31 de ese mes, en septiembre el cobro de tributos trepó un 43 por ciento.

Y en octubre la cifra fue un 60 por ciento mayor en relación con el mismo mes de 2019, un crecimiento considerado inédito a nivel nacional.

Incluso, varios de los empresarios imputados en el marco de la megaevasión ya ofrecieron regularizar sus deudas millonarias con la Afip, con la idea de intentar morigerar la persecución judicial en contra de ellos.

En ese sentido, fuentes que siguen bien de cerca este expediente remarcaron que ha llamado mucho la atención que empresarios que hoy tienen todos sus bienes inhibidos, al igual que sus cuentas, hayan ofrecido adelantos millonarios a la Afip con el objetivo de acelerar el acuerdo con ese organismo.

Llamativa liberación de un empresario imputado

La Cámara había denegado su excarcelación unos días antes.

Cinco días después de que la Cámara Federal de Apelaciones rechazara –por mayoría– la excarcelación del empresario Cristian Debarre por evasión impositiva en la causa de las facturas truchas, el juez Ricardo Bustos Fierro le otorgó la libertad.

Fuentes tribunalicias y de la defensa explicaron que quien en los papeles figura sólo como el apoderado de la firma Corphone resultó beneficiado por la nueva legislación tributaria que permite la extinción de la ley penal cuando se abona el monto de la evasión o se suscribe un plan de pagos con la Afip. Bajo el argumento de las cárceles colapsadas y con la amenaza cierta del Covid-19, el empresario recuperó la libertad mientras continúa el proceso en su contra.


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